Se implementan normativas más estrictas para seguridad y control en traslado y distribución de gas, en respuesta a la tragedia que dejó 31 muertos.
Tras la explosión de una pipa en Iztapalapa que causó la muerte de 31 personas, las autoridades federales y capitalinas anunciaron una serie de reformas normativas destinadas a reforzar la seguridad en el transporte y distribución de gas licuado de petróleo (LP). Estas medidas buscan reducir riesgos operativos y prevenir incidentes similares en el futuro, en un contexto donde la regulación previa presentaba deficiencias, como la falta de inspecciones internas en las unidades.
Las nuevas disposiciones establecen que los conductores del transporte de gas LP deberán contar con certificaciones específicas que califiquen su competencia técnica y práctica. Además, las unidades deberán estar equipadas con dispositivos de control de velocidad y sistemas de monitoreo por GPS, lo que facilitará una supervisión más efectiva del cumplimiento de las normativas. También se reforzará el programa de mantenimiento periódico de los vehículos para garantizar su correcto funcionamiento.
Por otro lado, las inspecciones dejarán de limitarse únicamente a revisiones visuales externas. Ahora, las autoridades podrán realizar verificaciones internas y exigir la presentación de evidencias por parte de los permitentes, con el objetivo de detectar irregularidades que puedan poner en riesgo la seguridad pública. Paralelamente, en la Ciudad de México se han establecido 12 medidas adicionales, que incluyen restricciones de circulación para vehículos que transporten grandes volúmenes de combustible, como la prohibición de transitar en vías secundarias con más de 10,000 litros y limitar los horarios de circulación para transportes de hasta 20,000 litros en horas nocturnas.
En el caso particular de Grupo Tomza, responsable del vehículo accidentado, la Secretaría de Energía y el órgano regulador informaron que enfrenta multas superiores a 160 millones de pesos por diversas irregularidades administrativas, acumulando más de 30 expedientes en proceso, algunos en litigio. Respecto al incidente, la autoridad competente aún no emite un dictamen definitivo, aunque preliminarmente se apunta a que el conductor, que también falleció en el accidente, circulaba a una velocidad excesiva, lo que contribuyó a la trágica explosión.
La implementación de estas regulaciones refleja el esfuerzo conjunto por mejorar la seguridad en el sector del transporte de hidrocarburos en México, en un momento donde la seguridad tanto de los trabajadores como de la población es prioridad en el marco de la actual situación de vulnerabilidad social.