El senador Gerardo Fernández Noroña adquirió una propiedad en Tepoztlán ubicada en territorio comunal, provocando reclamos y tensión con los habitantes del municipio.
Recientemente, el senador Gerardo Fernández Noroña realizó la compra de una vivienda en el municipio de Tepoztlán, Morelos, por un monto cercano a los 12 millones de pesos. La adquisición ha generado controversia al conocerse que el inmueble se encuentra en un territorio reconocido como bienes comunales, donde, según las leyes, no existe la propiedad privada en el sentido capitalista.
Tepoztlán, famoso por su riqueza cultural y su tradición comunitaria, está asentado en un parque que funciona bajo un sistema de propiedad comunal, donde los terrenos y recursos pertenecen a la comunidad en su conjunto. La sorpresiva compra de Noroña levanta cuestionamientos jurídicos y éticos, pues la propiedad en ese contexto implica que nadie puede ser dueño en exclusivo, sino que los bienes son gestionados por la comunidad en conjunto.
Este hecho ha sido aprovechado por algunos comuneros, quienes expresaron su disconformidad y protestaron frente a la propiedad, argumentando que la venta fue irregular y que la transferencia de la propiedad infringe los derechos comunales establecidos desde 1929 mediante un decreto presidencial. La situación ha evidenciado las tensiones existentes entre las leyes tradicionales y las acciones particulares en zonas con sistema de propiedad comunal.
Por su parte, Noroña desafió a quienes protestan, señalando que no permitiría que pasaran por encima de su derecho a poseer la propiedad, e hizo un llamado a que el rechazo no represente una amenaza para la convivencia en la comunidad. La controversia refleja los desafíos que enfrenta México en la protección de sus tradiciones y en la regulación de propiedades en territorios con reconocimiento legal especial, en un contexto de creciente interés por inversiones inmobiliarias en zonas con fuerte identidad cultural.
Este caso pone en agenda el debate sobre la legalidad y el respeto a los derechos colectivos en territorios con régimen de propiedad comunal, además de evidenciar la complejidad de regular compras particulares en áreas protegidas o gestionadas comunitariamente.