El gobierno decide no implementar las leyes de financiamiento al Garrahan y universidades, generando protestas y una serie de acusaciones en el Congreso.
En un reciente giro, el gobierno optó por no aplicar las leyes de financiamiento al Hospital Garrahan y a las universidades, pese a haber sido promulgadas por el Congreso con amplios márgenes de aprobación. La decisión incluye la suspensión de su puesta en marcha hasta que el Poder Legislativo defina las formas de financiamiento correspondientes. Estas acciones generan una serie de repercusiones políticas, pues el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, enfrenta una moción de censura por su falta de implementación de la emergencia en discapacidad y por esta nueva postura. La oposición ha presentado una denuncia por abuso de autoridad contra el presidente y otros funcionarios, además de avanzar en interpelaciones y posibles remociones en el Ejecutivo. La medida ha provocado también movilizaciones de gremios y sectores de discapacidad y universitarios, que convocaron un paro en el Hospital Garrahan y una marcha a Plaza de Mayo, anticipando un escenario de tensión política y social en los próximos días. La controversia se enmarca en un debate más amplio sobre la distribución de fondos públicos y el respeto a las decisiones de los diferentes poderes del Estado.