La falta de leyes adecuadas y cambios en los modelos de atención complican la respuesta integral a la crisis de drogas en el país. En el contexto de una cooperación internacional entre la Unión Europea y América Latina, autoridades mexicanas reconocen que el país enfrenta importantes obstáculos para implementar terapias efectivas contra el consumo de sustancias como el fentanilo y la metanfetamina. La Secretaría de Salud publicó una guía técnica en noviembre que destaca la necesidad de adaptar los modelos de atención territorial, centrados actualmente en los problemas de los usuarios tradicionales, a las nuevas realidades de consumo y riesgo. La evidencia internacional señala que estrategias como la distribución de naloxona, un fármaco que revierte sobredosis, son fundamentales para reducir muertes relacionadas con opioides, aunque en México su acceso está restringido por su clasificación legal. Además, el informe indica que los fenómenos de consumo están vinculados a problemas de salud mental en comunidades vulnerables, particularmente en áreas marcadas por violencia y pobreza. La crisis del fentanilo y la metanfetamina representa un reto multidimensional que exige un enfoque desde la salud, la justicia social y la seguridad pública, para transformar las políticas y fortalecer la respuesta en todos los niveles del sistema sanitario mexicano.
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