El gobierno propone incorporar en la Constitución una jornada máxima de 40 horas semanales, impactando a millones de trabajadores y diversos sectores económicos.
El Estado mexicano prepara una reforma laboral que establecerá en la Constitución la jornada máxima de 40 horas semanales, con un proceso de transición gradual que iniciará en 2026 y concluirá en 2030. La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de aproximadamente 13.4 millones de trabajadores, principalmente en sectores como la industria manufacturera, comercio y servicios. La medida no afectará los salarios ni prestaciones, pero sí requerirá reorganización en áreas como producción, logística y atención al cliente para adaptarse a los nuevos horarios sin reducir la productividad.
La reforma también introduce medidas para limitar las horas extra y establecer límites para figuras laborales como las horas triples, además de obligar a las empresas a registrar electrónicamente las jornadas laborales para asegurar su cumplimiento. La propuesta representa un cambio de gran relevancia, dado que México mantiene una de las jornadas laborales más largas de la OCDE y busca alinearse con estándares internacionales que priorizan la salud, seguridad y bienestar de los empleados. Sin embargo, la transición plantea desafíos económicos y organizativos, especialmente en pequeñas y medianas empresas, cuyo peso en la generación de empleo es significativo. Autoridades y actores del sector privado trabajan en estrategias para facilitar el proceso, fomentando la automatización y la reorganización de turnos para mantener la competitividad en un entorno en transformación.
Este cambio forma parte de una tendencia regional dirigida a promover modelos laborales más equitativos, equilibrados y sostenibles, que favorecen tanto la salud mental como el compromiso laboral de los empleados mexicanos.