La decisión estadounidense sobre rutas aéreas mexicanas fue considerada como una injerencia soberana, y las autoridades mexicanas buscan diálogo para resolver el diferendo.
La administración mexicana expresó su rechazo a la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos que revocó rutas de aerolíneas mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia territorio estadounidense. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existen motivos válidos para limitar estos vuelos, resaltando que el aeropuerto funciona adecuadamente y que la decisión estadounidense representa una interferencia en asuntos soberanos.
El traslado de las operaciones de carga del antiguo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al AIFA fue motivado por la saturación del primer aeropuerto, cuya congestión ponía en riesgo la seguridad de los pasajeros. Este cambio, avalado por las razones de protección civil, fue considerado una decisión autónoma y necesaria para mejorar la eficiencia y seguridad aérea en la región.
En contexto, el AIFA surge como un proyecto estratégico del gobierno mexicano para descongestionar la congestión en la capital y fortalecer la infraestructura aérea del país. La medida ha sido respaldada por varias aerolíneas y autoridades, quienes aseguran que no ha afectado la competencia ni la operación de ninguna compañía. Sin embargo, la reciente suspensión de rutas por parte de EE.UU. ha generado tensiones; por ello, el gobierno mexicano anunció que solicitará una reunión con funcionarios estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado, para aclarar el asunto y buscar soluciones mediante el diálogo. La presidenta también confirmó reuniones próximas con aerolíneas nacionales e internacionales para evaluar el impacto de las restricciones y destacó que mantiene una relación de entendimiento con las autoridades estadounidenses.
Como parte de los esfuerzos diplomáticos, México continuará defendiendo su soberanía y gestión aeroportuaria, confiando en que el diálogo y la vía diplomática permitirán resolver el diferendo en beneficio de la seguridad y competitividad aérea en la región.