El gobierno propone aplicar tarifas a importaciones de países sin tratados comerciales, buscando impulsar la producción local y fortalecer empleos.
El gobierno mexicano presentó al Congreso una iniciativa de ley para establecer aranceles que pueden alcanzar hasta un 50% en ciertos productos importados, en un esfuerzo por fortalecer su industria nacional. La propuesta forma parte del “Programa de Protección para las Industrias Estratégicas de México” y busca incentivar el reemplazo de importaciones provenientes principalmente de países asiáticos que no tienen acuerdos comerciales con México. Entre estos, China sería el país más afectado debido al volumen de intercambio; sin embargo, la medida incluye a otras naciones como Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía, cumpliendo con los límites establecidos por la Organización Mundial del Comercio y sin dirigirse a un único país.
Este programa no solo pretende proteger cerca de 325,000 empleos en sectores clave como el automotriz, textiles, siderurgia y plásticos, sino también crear un ambiente propicio para la producción interna y mejorar la balanza comercial del país. La iniciativa señala que la entrada en vigor será 30 días después de su publicación y tendrá vigencia hasta finales de 2026, permitiendo ajustes en las fracciones arancelarias según se requiera. Se estima que, con estas medidas, el país podría obtener ingresos adicionales cercanos a los 70,000 millones de pesos provenientes de los nuevos aranceles.
El plan también busca evitar presiones inflacionarias modificando cuidadosamente los productos afectados, tanto insumos como bienes finales. Sectores como el automotriz y el textil podrían enfrentar tarifas que en algunos casos duplican o triplican los niveles actuales, en un movimiento destinado a fortalecer la competitividad de la manufactura local y reducir la dependencia externa en áreas estratégicas.
Este enfoque difiere de la política arancelaria implementada en otros países recientemente, ya que requiere la aprobación del Legislativo, garantizando un proceso más democratizado y equilibrado. La iniciativa refleja una estrategia del gobierno para promover la soberanía económica y proteger la economía interna ante los desafíos del comercio internacional.