Los bajos beneficios de jubilación en México impulsan a los adultos mayores a laborar en niveles formales e informales, aumentando su edad de retiro promedio.
En México, la tendencia de que los trabajadores pospongan su retiro más allá de la edad legal es una realidad que responde a múltiples factores, incluido el limitado acceso a pensiones suficientes para cubrir necesidades básicas. Aunque la edad oficial de jubilación para la vejez en el país se establece en 65 años, muchos adultos mayores permanecen en la fuerza laboral, tanto en el sector formal como en el informal, para complementar sus ingresos y mejorar sus pensiones futuras. La participación laboral entre personas de 65 a 69 años en México supera en un margen considerable la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), situándose en torno al 36%.
Este fenómeno tiene relevancia en el contexto de los cambios demográficos, ya que la expectativa de vida en México continúa en aumento, lo que plantea desafíos al sistema de pensiones. Actualmente, los gastos en pensiones representan aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto (PIB), una proporción que se proyecta en incremento debido al envejecimiento poblacional y a las prestaciones universales concedidas desde los 65 años. La sostenibilidad del sistema requiere revisar la edad de retiro, dado que retrasar la jubilación podría aliviar la carga financiera del Estado y garantizar mayores ingresos en el período de retiro, siempre en concordancia con los avances en salud y esperanza de vida.
Por ello, expertos señalan la necesidad de ajustar la edad de jubilación en línea con las tendencias demográficas, aunque avanzar en esta propuesta ha sido históricamente un reto político y social en el país. La discusión representa un paso clave para asegurar la viabilidad a largo plazo de los sistemas de pensiones y promover una política laboral más adaptada a las circunstancias actuales y futuras.