La corte enfrenta críticas por su incremento presupuestal y la selección de ministros con perfiles cuestionables, en medio de promesas de justicia eficiente. El reciente arranque del nuevo Poder Judicial ha generado alarma por decisiones que parecen contradecir los principios de austeridad y transparencia prometidos durante su renovación. La institución anunció una solicitud presupuestal para 2026 de 86 mil millones de pesos, un incremento notable frente a los 71 mil millones aprobados en 2025, sin realizar ajustes ni coordinar con los funcionarios salientes, lo que podría indicar una falta de planeación y compromiso con la austeridad. Además, se ha observado un aumento en el número y la composición de los asistentes y ponentes que respaldan a los nuevos ministros, muchos de los cuales provienen de familiares, políticos o perfiles con poca experiencia en el ámbito judicial. Algunos de estos personajes enfrentan sospechas de corrupción o carecen de la preparación necesaria, lo que pone en duda las expectativas de una justicia pronta y expedita, lanzadas por la misma institución. Este comienzo deficiente contrasta con el discurso de modernización y transparencia que la corte prometió durante su postulación, y plantea interrogantes sobre la dirección y credibilidad del nuevo poder judicial. La experiencia y la selección de perfiles adecuados serán clave para cumplir las metas de justicia eficiente que la ciudadanía espera y necesita. El contexto actual resalta la importancia de una gestión responsable y transparente en instituciones clave para garantizar su legitimidad y eficacia en la impartición de justicia.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
