Expareja denuncia que el magistrado utilizó su posición para evitar entregar el porcentaje correspondiente a la manutención de sus hijos y señala omisiones en el proceso legal.
Un magistrado del estado de Colima enfrenta acusaciones por posibles actos de influjo y omisiones en la protección de derechos infantiles. La ex pareja del funcionario señaló que, pese a que la ley establece el pago del 15% de las percepciones del magistrado para la manutención de sus hijos, solamente recibe una cantidad mínima que no cubre sus necesidades básicas. El sueldo mensual del magistrado asciende a más de 104 mil pesos, pero la pensión asignada para los menores es de apenas 6 mil 391 pesos, una cifra que muchos consideran insuficiente. Además, la denunciante afirmó que las decisiones tomadas por la justicia local han favorecido al magistrado, incluyendo la omisión de establecer un acuerdo formal de convivencia con los menores, dejando en manos del funcionario el control de los horarios y visitas. La denuncia incluye acusaciones por maltrato infantil, tráfico de influencias, ejercicio indebido de funciones e irregularidades en la impartición de justicia. Es importante contextualizar que estas denuncias ocurren en un marco donde la transparencia y la protección de derechos familiares son prioritarios en la agenda legal, y que los casos de influencia indebida en procesos judiciales generan preocupación en la sociedad y las instituciones.