El Senado aprobó una iniciativa para exigir la reasignación de fondos y advertir al jefe de Gabinete, en medio de tensiones por la ejecución de la ley.
El senador Martín Lousteau avanzó en una propuesta que busca reforzar la responsabilidad del gobierno nacional en la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, mediante una iniciativa que reclama al Jefe de Gabinete que reoriente las partidas presupuestarias y garantice su cumplimiento. La iniciativa fue aprobada en el Senado con mayoría significativa, reflejando la intención de la oposición de poner en agenda pública los posibles perjuicios derivados del retraso en la implementación de medidas prioritarias para personas con discapacidad. La propuesta surge en un contexto donde el gobierno ha aplicado suspensiones que afectan la vigencia de la ley, generando preocupación en sectores sociales y políticos. La medida también funciona como una advertencia hacia el jefe de gabinete Guillermo Francos, quien tendría que explicar en el Congreso las razones del incumplimiento. La movilización de la oposición responde a una estrategia de fiscalización y control, en un momento de tensión política y debate sobre la distribución de recursos públicos. Históricamente, la ley de discapacidad busca fortalecer la atención y el apoyo a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, por lo que su correcta ejecución resulta fundamental para garantizar derechos y promover la inclusión social.
