La selección será votada por el Pleno del Senado y enviada al Ejecutivo para la designación final, en un proceso que genera polémica política.
El Senado de la República ha dado a conocer una lista conformada por diez perfiles para ocupar el cargo de fiscal general, en un proceso que busca fortalecer la independencia y transparencia en la designación del titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Posteriormente, la lista será sometida a una votación en el Pleno del Senado, en la cual los legisladores emitirán su preferencia mediante cédula en una urna. La propuesta final será remitida al Poder Ejecutivo, donde la presidenta Claudia Sheinbaum decidirá quién ocupará el cargo definitivo entre las tres personas seleccionadas.
Entre los perfiles destacados se encuentra Ernestina Godoy, quien actualmente ocupa el cargo de encargada de despacho en la FGR y ha tenido una carrera vinculada a Morena y a cargos en la Ciudad de México durante la administración de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. La lista también incluye a profesionales con experiencia en áreas jurídicas, anticorrupción y el Poder Judicial, como el abogado constitucionalista Luis Manuel Pérez de Acha, el juez y magistrado Alfredo Barrera Flores, y la abogada con trayectoria en Pemex Luz María Zarza Delgado.
El proceso ha levantado opiniones divididas. El Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional han cuestionado la transparencia y consideran que la selección favorece a algunos perfiles en particular. En contraste, y en medio de la polémica, representantes de Morena han destacado la experiencia y trayectoria de algunos de los candidatos, en particular de Ernestina Godoy, resaltando que el procedimiento busca consolidar una Fiscalía más autónoma y efectiva. La elección final será clave para la administración de justicia y la lucha contra la corrupción en México en los próximos años.
Este proceso coincide con un momento donde la transparencia y la independencia del fiscal son temas prioritarios para fortalecer la confianza en las instituciones judiciales del país, además de ser un asunto que influye en la percepción internacional sobre la lucha anticorrupción en México.