La obligatoriedad de definir un Monto Transaccional del Usuario impactará a personas físicas en cuentas de banca electrónica, con excepción de algunos niveles y entidades.
A partir del 1 de enero de 2024, las cuentas digitales en México deberán configurar un Monto Transaccional del Usuario (MTU) para limitar la cantidad de dinero que puede transferirse desde la banca en línea. Este cambio tiene como finalidad fortalecer la seguridad en las transacciones y prevenir fraudes asociados a movimientos inusuales o ilícitos. La regulación aplica principalmente a personas físicas con cuentas de niveles 2, 3 y 4, mientras que las cuentas de nivel 1 permanecen exentas, facilitando así el acceso a servicios básicos. Además, las instituciones como BBVA y otras que ofrecen cuentas en diferentes niveles establecen distintos límites mensuales, que van desde aproximadamente 6,000 hasta más de 80,000 pesos, dependiendo del perfil del cliente y del nivel de la cuenta.
Este ajuste en la normativa forma parte de una estrategia mayor para incrementar la protección del usuario en el entorno digital, en un contexto en el que las fintech y las instituciones tradicionales buscan afrontar el crecimiento de las transacciones electrónicas. Sin embargo, algunos operadores, como las Sociedades Financieras Populares ( sofipos), aún no implementarán esta medida, ya que su regulación no contempla aún estos cambios. Por ejemplo, plataformas como Nu han declarado que están en proceso de integrar esta funcionalidad, asegurando así que puedan cumplir con los estándares regulatorios antes de ofrecer productos con límites ajustados en el futuro próximo.
El escenario financiero mexicano continúa adaptándose a las nuevas demandas de seguridad y transparencia, y la implementación del MTU en cuentas digitales representa un paso clave para reducir riesgos y fortalecer la confianza en los servicios bancarios electrónicos. La importancia de esta medida radica en su potencial para evitar movimientos no autorizados y detectar operaciones sospechosas de forma rápida, lo que contribuye a la protección del patrimonio de los usuarios y a la integridad del sistema financiero en general.