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Expertos de 14 países presentan ley modelo contra el ecocidio

Expertos presentan una ley modelo que tipifica el ecocidio en América Latina, buscando proteger el medio ambiente y sus defensores.

Por Juan Tovar1 min de lectura
La propuesta busca tipificar el ecocidio como delito en América Latina y responde a desafíos ambientales críticos.
La propuesta busca tipificar el ecocidio como delito en América Latina y responde a desafíos ambientales críticos.
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Ciudad de México, CDMX. - Un grupo de más de 30 expertos de 14 países de América Latina presentó el 1 de octubre de 2026 una ley modelo para tipificar el ecocidio en la región. La iniciativa, que consta de 18 artículos, establece que quienes causen daño grave y duradero al medio ambiente podrían enfrentarse a penas de prisión de ocho a veinte años.

Gustavo Alanís, fundador del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), destacó que ya existen esfuerzos internacionales para abordar el tema, pero subrayó la necesidad de adaptar la propuesta a la realidad específica de América Latina, caracterizada por altos índices de violencia y corrupción que afectan a defensores de la naturaleza.

Lina Muñoz, abogada colombiana, enfatizó el peligro que representa el ascenso de movimientos con propuestas extractivistas y negacionistas del cambio climático. “El ecocidio es una herramienta indispensable para defender la vida en nuestro planeta”, aseguró, añadiendo que la figura puede ayudar a generar conciencia en las comunidades afectadas.

Rodrigo Lledó, director de Stop Ecocidio Américas, describió la propuesta como un hito histórico en la región y recordó que el concepto de ecocidio data de la guerra de Vietnam. La ley no solo busca sancionar las conductas dañinas, sino también buscar la responsabilidad de empresas y actores jurídicos, enfatizando que la protección del medio ambiente no debería ser una excusa para la explotación económica.

La iniciativa se articula con el Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la justicia ambiental y protege a quienes defienden el ecosistema. Alanís reconoció que la implementación enfrenta presiones políticas y económicas, pero confía en que el ecocidio eleva el nivel de los delitos ambientales. Después de su aprobación, se contempla un plazo de dos años para que los países se adapten.

Con información de noticiasambientales.com

Nota redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes citadas. Responsabilidad editorial: Redacción de El Congresista. ¿Detectaste un error? Repórtalo.

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