La posible aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados genera preocupación en el sector agrícola por su impacto y las deficiencias en el proyecto.
La reciente discusión en la Cámara de Diputados sobre la modificación a la Ley General de Aguas ha causado reacciones adversas en el sector agrícola, que advierte sobre posibles consecuencias negativas para los productores del campo. La propuesta, que todavía está en trámite, ha sido criticada por incluir disposiciones que podrían transformar faltas administrativas en delitos graves, lo que generaría un clima de criminalización hacia los agricultores y usuarios de recursos hídricos. Analistas señalan que la prisa en su elaboración refleja deficiencias en el proceso legislativo, dejando de lado análisis y reservas esenciales para garantizar que la ley sea equilibrada y justa. La oposición ha manifestado su intención de presionar en el Senado para modificar aspectos clave del texto, ya que consideran que la propuesta no cuenta con un apoyo suficiente y afectaría de manera importante a comunidades rurales. La reforma, que parece impulsar una visión centralista del manejo del agua, también ha sido criticada por expertos en políticas públicas, quienes alertan sobre su posible impacto en la sustentabilidad agrícola y en los derechos de las comunidades campesinas. A medida que la discusión continúa, organizaciones campesinas y sectores afectados mantienen sus movilizaciones y exhortan a las autoridades a reconsiderar ciertos artículos que podrían penalizar sin justificación a quienes trabajan en el campo.