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Ministra Lenia Batres tuvo asesor vinculado al fraude de Segalmex

La ministra Lenia Batres tuvo un asesor con pasado en Segalmex, implicado en el desfalco de 12 mil millones de pesos, generando dudas sobre su integridad.

Por Redacción1 min de lectura
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La presencia de un asesor con pasado en la estatal afectada por un multimillonario desfalco genera cuestionamientos en su integridad y relación con la justicia.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, enfrenta una polémica tras revelarse que contó con un asesor vinculado a uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente del país. El profesional en cuestión, Pablo Montes Utrera, fue titular del Órgano Interno de Control en la extinta Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Segalmex), una dependencia que está en el centro del escándalo por un desfalco que se estima en alrededor de 12 mil millones de pesos.

Montes Utrera trabajó como asesor de Batres Guadarrama en la SCJN desde abril de 2024 hasta febrero de 2025, recibiendo una remuneración mensual de aproximadamente 40 mil pesos, además de beneficios adicionales. Antes de su incorporación a la Corte, desempeñó funciones en Segalmex, donde estuvo involucrado en auditorías y controles internos durante los años previos al estallido del fraude, que involucró compras indebidas, pagos por servicios inexistentes y desvío de recursos hacia empresas fachada.

Este vínculo genera dudas respecto a los posibles vínculos del asesor con prácticas irregulares en su pasado laboral y resalta la importancia de una mayor transparencia en los perfiles de las personas que asisten a figuras de alto nivel en el poder judicial. El caso Segalmex, considerado el mayor escándalo de corrupción del gobierno actual, ha implicado a numerosos exfuncionarios detenidos y procesos judiciales en marcha, resaltando la gravedad y la magnitud del desvío de fondos públicos destinados a seguridad alimentaria y programas sociales.

En un contexto de lucha anticorrupción y fortalecimiento de instituciones, la presencia de personas vinculadas a actos ilícitos en los equipos de alto nivel subraya la necesidad de revisar los mecanismos de selección y supervisión en órganos públicos y judiciales para garantizar la integridad y la confianza ciudadana.

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