Con mantas y movilización, exfuncionarios judiciales buscan que se les otorgue las prestaciones que les corresponden tras su cese, en medio de controversias sobre reforma judicial.
Un grupo de jueces y magistrados en retiro acudió a la sede del Órgano de Administración Judicial (OAJ) en la Ciudad de México para exigir el pago de indemnizaciones pendientes tras su cese, motivado por la reforma judicial en el país. Al no ser atendidos por el presidente del organismo, Néstor Vargas Solano, estos exfuncionarios decidieron cerrar la Avenida Revolución con pancartas dirigidas a la comunidad internacional, denunciando la supuesta ausencia de Estado de derecho, división de poderes e independencia judicial en México.
La protesta tuvo lugar a partir de las 9 de la mañana, cuando decenas de exfuncionarios colocaron lonas y utilizaron megáfonos para manifestar su demanda, que consiste en reclamar el cumplimiento del pago correspondiente según lo establecido en el artículo 10º transitorio del decreto de reforma judicial. Este artículo prevé la entrega de indemnizaciones equivalentes a tres meses de salario y 20 días por cada año de servicio, utilizando recursos federales provenientes de fideicomisos.
En las horas posteriores, algunos automovilistas afectaros por el cierre de la vía expresaron su molestia, especialmente quienes tenían emergencias médicas en curso. A las 10:15 horas, uno de los magistrados en retiro anunció que serían recibidos en una reunión programada para las 11:30 horas, y pidió a sus compañeros mantener la presencia frente al edificio del Poder Judicial de la Federación.
Este grupo representa unos 800 jueces y magistrados que, tras haber sido cesados o retirados debido a cambios regulatorios, esperan realizar el cobro de sus indemnizaciones, que, según especialistas en el sector justicia, corresponden a prestaciones laborales que deben ser pagadas en tiempo y forma para garantizar el respeto a los derechos laborales de los exfuncionarios judiciales.
La movilización refleja las tensiones existentes entre la autoridad judicial y los exfuncionarios que consideran vulnerados sus derechos laborales tras la implementación de la reforma constitucional, que busca modificar el funcionamiento del sistema judicial mexicano.