Cerca de 100 mil pensionados en México exigen la resolución definitiva para recibir sus ahorros acumulados desde 2015, en una movilización que representa un reclamo histórico.
Un grupo importante de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prepara una serie de movilizaciones frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el objetivo de exigir el pago completo de sus ahorros en la subcuenta de cesantía y vejez, acumulados desde 2015. La movilización, que abarca a representantes de 25 estados del país, está programada para los días 22, 23 y 24 de septiembre, y busca llamar la atención de las autoridades judiciales sobre un asunto que afecta a casi 100 mil pensionados.
Este reclamo surge debido a que, en los últimos años, el gobierno mexicano no ha desembolsado la totalidad de los fondos que corresponden a estos jubilados, generando una pérdida aproximada de 40 mil millones de pesos en sus recursos acumulados. La problemática se originó en 2015, cuando se informó que la subcuenta de cesantía y vejez del sistema de ahorro para el retiro dejaría de pagarse en su totalidad a los beneficiarios. Desde entonces, diversos esfuerzos jurídicos han tratado de impulsar una solución definitiva, y en 2019 surgió la estrategia de acudir a instancias judiciales para hacer valer sus derechos.
La expectativa de los pensionados está centrada en la posibilidad de que la nueva sala de la Suprema Corte, con un cambio en su liderazgo, ofrezca una respuesta favorable. El presidente de la corte, Hugo Aguilar Ortiz, ha señalado en sus discursos que la institución abrirá sus puertas al diálogo y a la escucha de las voces ciudadanas. En el estado de Nuevo León, los afectados ascienden a casi 900 jubilados, y en todo el territorio nacional se registran al menos 62 expedientes jurídicos en trámite.
Este movimiento representa un histórico reclamo por justicia social y la protección de derechos adquiridos, además de destacar la urgencia de impulsar reformas que garanticen la integridad de los fondos de quienes dedicaron años de su vida al servicio público y actualmente enfrentan incertidumbre económica. La expectativa final de estos jubilados es que la Suprema Corte, como máxima autoridad judicial, ofrezca una resolución definitiva que restituya sus ahorros y reconozca sus derechos desde hace una década.