La nueva regulación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados del sector público avanza de manera desigual en diferentes organismos. Aunque la medida fue aprobada por la Secretaría de Estado de Función Pública el 14 de abril, algunos, como Renfe y ADIF, ya la han implementado mientras que otros siguen en negociaciones, como Correos.
La resolución busca mejorar la conciliación laboral y personal, afectando a alrededor de 250,000 empleados que verán una reducción de sus horas laborales anuales de 1,533. Sin embargo, hay diferencias notables en la aplicación de esta medida, con entidades que aún no han iniciado conversaciones para adaptarse, como es el caso de Correos.
En Red.es, la situación ha generado protestas. La entidad denunció un “veto” por parte de su administración, a pesar de que un referéndum interno aprobó la nueva jornada. La falta de acción ha llevado a los sindicatos a presentar quejas formales y programar paros parciales que comenzarán en junio.
Mientras algunos sectores avanzan, otros como Instituciones Penitenciarias están todavía en fase de negociación, adaptando la jornada para su funcionamiento 24/7. La situación en Correos ha causado descontento, ya que es una de las pocas entidades estatales que no ha comenzado el proceso, lo que contrasta con el avance en otros organismos.
La reducción de jornada es un acuerdo clave alcanzado en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, pero su implementación uniforme es esencial para evitar desigualdades entre trabajadores de diferentes organismos.
Con información de elconfidencialdigital.com