Los proyectos para ampliar la red eléctrica buscan cumplir metas 2030, pero su implementación enfrenta obstáculos financieros y regulatorios que podrían retrasar los avances. El plans de la administración mexicana para fortalecer la infraestructura eléctrica, que incluye aproximadamente 158 proyectos de transmisión y una inversión de más de 72 mil millones de pesos en distribución, enfrenta actualmente retrasos significativos. Aunque estas iniciativas son esenciales para apoyar el crecimiento económico, el nearshoring y las metas de energía limpia, expertos advierten que llegar a los objetivos establecidos para 2030 será complicado debido a obstáculos en procesos financieros y regulatorios. La inversión total prevista incluye 163 mil millones de pesos en infraestructura de transmisión, con alrededor de 275 nuevas líneas y más de 500 subestaciones. Además, se anunció la construcción de una planta de generación solar con inversión de 800 millones de dólares, buscando diversificar la matriz energética. Sin embargo, expertos señalan que estos proyectos, que deberían haberse iniciado en 2013 tras reformas energéticas, aún no muestran una ejecución suficiente para cumplir los plazos, especialmente en el contexto global actual, que incrementa la volatilidad en los mercados de capitales y componentes. El análisis indica que los tiempos de desarrollo, que pueden extenderse entre cinco y seis años, suman dificultades adicionales, considerando detalles legales y logísticos pendientes. La capacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para absorber estos costos y vincularse con inversores privados también sigue siendo incierta, aunque se espera que esta información se clarifique en el plan de negocios 2025. La demora en estas inversiones amenaza con reducir la competitividad del mercado eléctrico mexicano y atrasar los objetivos de crecimiento sostenible definidos por el gobierno.
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