La resolución reconoce la igualdad en las pensiones del Seguro Social, beneficiando a padres dependientes y concubinas con derechos equivalentes a viudos.
En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un fallo que modifica los criterios para el cálculo de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), específicamente en relación con la Ley 73 de 1973. La decisión reafirma que la pensión por fallecimiento del asegurado debe otorgarse sin discriminación, elevando el derecho de los padres dependientes al mismo nivel que el cónyuge o concubino. Hasta ahora, estos últimos recibían hasta el 90% del monto, mientras que a los padres se les asignaba sólo un 20%, siempre que demostrar dependencia económica.
Este cambio responde a un contexto donde la protección social busca fortalecer los derechos de todos los beneficiarios sin distinciones injustificadas, promoviendo la equidad y el reconocimiento del esfuerzo contributivo del trabajador. La Corte además aclaró que las convivientes con hijos o que acrediten convivencia prolongada deben acceder a pensiones por viudez en iguales condiciones, promoviendo un mayor entendimiento en la protección de las familias no tradicionales.
Es importante entender que la pensión del IMSS no es un acto de generosidad, sino un derecho adquirido en función de las aportaciones laborales del trabajador. La resolución enfatiza que su finalidad es garantizar la subsistencia de los beneficiarios tras la pérdida del sostén económico, en base a un esfuerzo que, legalmente, debe ser respetado sin prejuicios.
La Ley 73 del IMSS se mantiene como una de las opciones preferidas para la jubilación debido a su método de cálculo basado en un promedio salarial de los últimos años trabajados, garantizando pensiones vitalicias con incrementos anuales y acceso a servicios médicos para beneficiarios. La cuantía mínima para 2026 será de aproximadamente 9,407 pesos mensuales, con ajustes anuales previstos para mantener el poder adquisitivo.
Este fallo de la Corte refuerza la importancia de una protección social inclusiva y justa, especialmente frente a las nuevas dinámicas familiares y las condiciones laborales cambiantes, promoviendo una mayor equidad en los derechos pensionales en México.