La Secretaría de Hacienda exige autorización previa para nombrar a responsables de finanzas en dependencias públicas, reforzando su influencia en la gestión de recursos y transparencia.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha implementado una medida que fortalece su autoridad sobre las finanzas públicas, al requerir que todas las dependencias y entidades del gobierno federal obtengan su visto bueno para designar a los responsables de las Unidades de Administración y Finanzas (UAF), así como a los cargos jerárquicos inferiores. Esta disposición, que entró en vigor a partir de octubre, busca unificar y centralizar el control del gasto público, las contrataciones y los recursos humanos en una sola instancia del Ejecutivo federal. La medida incluye el cumplimiento de requisitos estrictos, como la verificación de perfiles, antecedentes, controles de confianza y declaraciones patrimoniales de los candidatos, además del reporte de movimientos internos a la Unidad de Control Administrativo y Contrataciones Públicas.
Este cambio representa una vuelta al modelo de control vertical del gasto, en el cual la Secretaría de Hacienda asume un papel de intermediario y filtro en temas financieros, limitando la autonomía de las dependencias en la toma de decisiones relacionadas con sus recursos. La medida se produce en un contexto de investigaciones en varias áreas, incluyendo portuarias y de corrupción, ligadas a redes que controlaban aduanas y recursos públicos, y que han sido vinculadas con funcionarios en puestos estratégicos.
Desde la perspectiva administrativa, esta estrategia busca reforzar la transparencia y fortalecer los mecanismos internos de control, aunque también modifica el equilibrio de poder dentro de la estructura gubernamental. La implementación de estas disposiciones puede tener implicaciones significativas en la gestión eficiente de los recursos públicos y en la independencia de las dependencias para nombrar a sus responsables financieros.