La nueva Ley de Aguas Nacionales busca centralizar la gestión del recurso hídrico en manos del gobierno, reforzando el acceso equitativo y sustentable.
Una reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales redefine el control del recurso hídrico en México, estableciendo que únicamente el Estado mexicano tendrá la autoridad para otorgar concesiones de agua. Este cambio surge como parte de una estrategia para garantizar el acceso universal al agua potable y fortalecer su gestión, en línea con los principios constitucionales que reconocen el agua como un derecho humano y un bien estratégico para el desarrollo nacional.
La modificación elimina la posibilidad de transferir títulos de concesión entre particulares y combate prácticas que permitían la especulación y el acaparamiento de agua por parte de privados con fines comerciales. Además, se implementa un Registro Nacional del Agua para mejorar la transparencia y el control del uso del recurso hídrico a nivel nacional.
Este enfoque busca evitar que recursos hídricos vitales sean concentrados en pocas manos, situación que históricamente ha dificultado el acceso de comunidades rurales, indígenas y pequeños productores. La reforma también responde a la necesidad de proteger los ecosistemas acuáticos y promover un manejo sustentable del agua, en un contexto de cambio climático y creciente demanda.
El principal objetivo es que el agua deje de ser vista meramente como un activo comercial y se reconozca como un derecho esencial para toda la población, reforzando la soberanía y la responsabilidad del Estado en su gestión.