Madrid, España. – El Gobierno de España espera que los tribunales determinen el futuro de Indra. La Sepi y la multinacional de defensa están en negociaciones para completar la adquisición de EM&E, empresa familiar de la familia Escribano, incluso con la posibilidad de que el propio Gobierno tome una participación mayoritaria.
En este contexto, el Ejecutivo contempla la opción de utilizar la batalla judicial con Santa Bárbara como una herramienta para facilitar la salida del presidente de Indra. Santa Bárbara, filial de General Dynamics, ha demandado la anulación de préstamos de más de 3.000 millones de euros otorgados a Indra y EM&E para el desarrollo de programas de artillería para el Ejército.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo relacionado con la financiación pública, aunque no hay una fecha clara sobre la sentencia. Sin embargo, se anticipa que el tribunal podría pronunciarse pronto, lo que podría influir significativamente en la situación de Indra y en el ámbito bursátil.
Santa Bárbara ha expresado que no ha sido invitada a participar en el proceso adjudicatorio que precede a estos contratos, lo que ha levantado críticas. El Partido Popular ha intensificado su vigilancia sobre este tema, cuestionando la legalidad y los procedimientos en la adjudicación de contratos a Indra, señalando un conflicto de intereses en la búsqueda de un “campeón nacional” en defensa.
Las negociaciones para adquirir EM&E por parte del Gobierno comenzaron antes de las vacaciones de fin de año, pero los retrasos han generado tensiones con la familia Escribano. Brussels ha mostrado inquietudes sobre el conflicto de intereses y su impacto potencial, lo que ha llevado al Gobierno a reevaluar su enfoque.
Para completar la operación, se prevén contactos con la nueva embajada de la Administración Trump en España, que comenzará una agenda que incluye reuniones con el Gobierno español y con interés en la industria armamentística.