La Secretaría de la Defensa evalúa una apertura en cooperación militar con Estados Unidos para combatir la delincuencia organizada en México, en medio de tensiones políticas y movimientos estratégicos internos.
En las últimas semanas, la cúpula militar mexicana ha comenzado a analizar la viabilidad de establecer alianzas con Estados Unidos para enfrentar directamente a los cárteles de la droga en territorio mexicano. Se especula que un reciente sobrevuelo de un dron no tripulado, controlado desde EE.UU., sirvió como prueba para medir la reacción pública y evaluar futuros despliegues de mayor escala y complejidad. Esta iniciativa buscaría conformar una fuerza binacional, integrada por elementos militares de ambos países, para realizar operaciones conjuntas en cautela de posibles daños colaterales y preservar la soberanía mexicana, en línea con las políticas actuales que buscan evitar la participación extranjera en actividades militares de alto riesgo.
La posibilidad de cooperación militar se incrementa en un contexto donde el gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, intenta equilibrar sus relaciones con Estados Unidos, mientras resiste presiones para incrementar la participación extranjera en la lucha contra la delincuencia. Expertos y altos mandos en el Ejército mexicanó consideran que dicho acuerdo podría acelerar los esfuerzos de seguridad, pero también generan reparos debido al riesgo de escalar el conflicto y comprometer la imagen del país en términos de soberanía y autonomía. La relación con EE.UU., vista desde la perspectiva militar, se mantiene en un delicado equilibrio entre cooperación y cautela, en un escenario donde las decisiones parecen influenciadas tanto por intereses internos como por las políticas del presidente Donald Trump, quien ha dejado en claro su intención de tener un papel decisivo en la ruta futura de México en materia de seguridad.
Este panorama evidencia las tensiones existentes en las fuerzas armadas mexicanas, donde las decisiones estratégicas están cada vez más influenciadas por la política interna y las relaciones internacionales. La acción del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la redistribución del control del combustible a Pemex y su cercanía con la Casa Blanca muestran un escenario en el que la línea entre los intereses nacionales y las presiones extranjeras se vuelve difusa, complicando las decisiones que enfrentan los altos mandos de las fuerzas armadas mexicanas, en un momento clave para la seguridad del país.