La ley prohíbe a las autoridades suspender el suministro, asegurando el derecho al agua en hogares, escuelas y lugares de trabajo, en línea con estándares internacionales.
Una reciente reforma legal en México establece el derecho humano al agua como una prioridad constitucional, prohibiendo a los organismos operadores suspender completamente el suministro en caso de atraso en los pagos. Este cambio, que forma parte del capítulo primero de la ley, obliga a que las autoridades garanticen a toda persona el acceso ininterrumpido al agua en sus domicilios, escuelas, centros de trabajo y zonas cercanas, con especial atención a la cantidad mínima requerida para el consumo diario.
Actualmente, las juntas municipales y rurales de agua, en estados como Chihuahua, limitan las interrupciones mediante la reducción de presión en redes de distribución, pero sin cortar completamente el servicio. La nueva ley apunta a formalizar esas medidas, garantizando un abasto mínimo y evitando la privación total del recurso por motivos de pago, en línea con jurisprudencias de la Suprema Corte que reconocen un mínimo de 50 litros por persona diaria y con estándares internacionales de acceso al agua potable.
Aun resta definir los detalles reglamentarios y lineamientos que emitirán las instituciones federales, en particular la Comisión Nacional del Agua, para reglamentar cómo se implementará esta protección del derecho al agua en la práctica. La modificación busca fortalecer la protección prevista en la ley, en un contexto donde el acceso al agua continúa siendo un factor clave para la salud y el bienestar social, especialmente en zonas vulnerables y marginadas. La relevancia radica en que, con estas acciones, se busca reducir las desigualdades en el acceso y evitar que las problemáticas económicas provoquen la suspensión del servicio esencial.
Desde ahora, se espera que las instituciones reguladoras establezcan mecanismos claros para evitar cortes completos, garantizando que todos los usuarios tengan al menos el servicio mínimo indispensable.