La Unidad de Inteligencia Financiera y EE. UU. implementan acciones para bloquear recursos y reducir la capacidad operativa del grupo criminal en México y el extranjero.
En un esfuerzo conjunto por debilitar las finanzas del Cártel Santa Rosa de Lima, autoridades mexicanas y estadounidenses intensifican su colaboración mediante la coordinación de inteligencia financiera internacional. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha monitoreado de manera constante los flujos económicos vinculados a esta organización criminal, que se dedica al robo de hidrocarburos y lavado de dinero, impactando la seguridad pública y sectores estratégicos.
Recientemente, Estados Unidos reforzó las sanciones al vincularse con la incorporación de restricciones financieras que comprenden la congelación de activos y restricciones a la transferencia de recursos en el ámbito global. Estas medidas buscan dificultar la movilidad financiera del cartel, que ha utilizado intermediarios y estructuras corporativas para ocultar recursos ilícitos y evadir controles.
Este tipo de acciones no solo busca afectar la capacidad operacional del grupo delictivo, sino también impedir que continúe generando violencia y desestabilización en diferentes regiones. La estrategia responde a un contexto en el que las organizaciones criminales cada vez más aprovechan los sistemas bancarios internacionales para sus operaciones, por lo cual la cooperación internacional resulta crucial para desmantelar sus redes financieras.
El trabajo conjunto cumple con estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fortaleciendo los mecanismos para identificar y prevenir operaciones con recursos de origen ilícito, asegurando la integridad del sistema financiero y reforzando la lucha contra el crimen organizado a nivel global.
Este avance se enmarca en un movimiento más amplio para reducir la impunidad y cortar el flujo de recursos que alimentan las actividades criminales en México, una de las prioridades en la política de seguridad y justicia del gobierno mexicano.