Varias compañías con orígenes recientes han obtenido millonarios contratos en un esquema que involucraría triangulaciones y simulación de competencia, evidenciando posibles irregularidades en la asignación de recursos públicos.
Un análisis reciente revela que un grupo de cinco empresas con vínculos estrechos ha participado en procesos de contratación con la cadena de abasto gubernamental Diconsa, en un esquema que plantea diversas irregularidades. Entre estas, destaca la utilización de identidades falsas y la introducción de compañías con apenas dos años en el mercado, las cuales lograron obtener contratos por sumas millonarias, en algunos casos superiores a los 256 millones de pesos.
Una de las empresas implicadas, conocida como Konkistolo, usó la identidad de una mujer que enfrenta problemas de salud y está desempleada para firmar contratos con elevados montos. Esta mujer, residente en la Ciudad de México, expresó su desconocimiento ante la cantidad de dinero asignada en su nombre, en un pequeño departamento en Benito Juárez. La existencia de otras cuatro firmas, denominadas Abastémade, Grupo Pelmu, Todólogos.com y Comercializadora FamilyDuck, también ha sido señalada, todas con participaciones en actividades de contratación entre 2023 y 2025, según registros oficiales.
La Auditoría Superior de la Federación encontró que estas empresas participaron en al menos 16 procedimientos de contratación, detectando triangulaciones financieras y transferencias sospechosas a organizaciones y personas vinculadas al grupo. La dispersión de recursos a través de departamentos y oficinas sin identificación clara ha aumentado las sospechas de actividades simuladas y de competencia desigual en los procesos públicos. Además, la falta de reconocimiento por parte de autoridades locales sobre las direcciones fiscales de estas compañías refuerza las dudas acerca de su legitimidad.
Analistas señalan que estos hallazgos reflejan un patrón de posibles fraudes en la gestión de recursos públicos para programas de abasto social, evidenciando la necesidad de reforzar los mecanismos de control y vigilancia en licitaciones y contrataciones con entidades del Estado.