La lucha contra las factureras en México avanza con acusaciones que superan los 54 mil millones de pesos, impulsadas por reformas legales y mayor control fiscal.
La Procuraduría Fiscal de la Federación ha registrado un total de 59 denuncias relacionadas con empresas factureras en el período de 2022 a 2025, por un monto que supera los 54 mil 698 millones de pesos. Este esfuerzo forma parte de un proceso constante para desmantelar redes de fraude fiscal que han derivado en pérdidas significativas para los recursos públicos, afectando áreas como salud, educación e infraestructura en todo el país.
El incremento en las acciones legales se enmarca en una estrategia que combina reformas legales y mayor supervisión por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En los últimos años, se han detectado operaciones simuladas por cifras que alcanzan los 93 mil millones de pesos, evidenciando la magnitud del desafío para la autoridad fiscal. La nueva legislación busca reforzar la capacidad del SAT para negar registros de empresas relacionadas con factureras y suspender la emisión de facturas apócrifas en tiempo real, con ello se pretende evitar que estas prácticas continúen afectando las finanzas estatales.
Estas medidas también consideran la aplicación de sanciones más severas y el uso de visitas domiciliarias que faciliten la investigación y reparación del daño fiscal. La inclusión de nuevas normativas en el Paquete Económico 2026 refleja un compromiso firme por reducir la evasión y asegurar que los recursos públicos sean destinados a programas sociales y obras públicas, en línea con la responsabilidad de fortalecer la administración tributaria.