Investigaciones revelan que una ONG vinculada a exfuncionarios recibió fondos de la Fundación Bloomberg para promover regulaciones sanitarias en México.
En el contexto de la polémica por las políticas públicas contra los alimentos ultraprocesados en México, recientes hallazgos indican que una organización no gubernamental vinculada a exfuncionarios del sector salud recibió financiamiento externo para promover dichas medidas. Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se intensificaron esfuerzos para regular el consumo de productos ultraprocesados, incluyendo impuestos específicos y restricciones publicitarias. Sin embargo, informes recientes muestran que algunos actores clave en estas campañas firmaron acuerdos con la Fundación Bloomberg, una institución internacional que financia iniciativas de salud pública.
Este financiamiento permitió la ejecución de campañas de sensibilización y regulación, manejadas por actores cercanos a la autoridad, como Alejandro Calvillo, presidente de la ONG, y Arantxa Colchero, investigadora en salud y exesposa de López-Gatell. La existencia de recursos provenientes de una fuente extranjera ha encendido debates sobre la legalidad y la transparencia de estas acciones, ya que en muchos casos dichas actividades contravienen las leyes mexicanas que regulan el financiamiento de organizaciones civiles y actividades políticas. La relación entre estas entidades y la política de salud del país toma mayor relevancia, sobre todo considerando que durante la pandemia de COVID-19 el gobierno reforzó su postura antiultraprocesados y rechazó la influencia externa en decisiones nacionales. La polémica también implica a figuras prominentes de la administración, como Hugo López-Gatell, cuyo involucramiento en estos acuerdos genera cuestionamientos sobre la independencia de las políticas sanitarias.
Este escenario evidencia la complejidad de las políticas públicas en salud, donde intereses internos y externos pueden influir en decisiones relevantes para la población. Además, pone en evidencia la necesidad de mayor transparencia en la gestión de fondos que buscan modificar comportamientos alimenticios en la población mexicana, en un contexto donde la salud pública y la soberanía sanitaria están en juego.