La Fiscalía General de la República destinó fondos millonarios en seguros exclusivos, contraviniendo normativas de austeridad y generando cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
Durante los últimos tres años bajo la gestión del fiscal general Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía General de la República (FGR) destinó aproximadamente mil 57 millones de pesos a un esquema de seguros de gastos médicos mayores con cobertura de alto nivel para altos mandos y fiscales. Este gasto se realizó pese a la existencia de restricciones establecidas en la Ley de Austeridad Republicana de 2019, la cual eliminó estos beneficios para servidores públicos, poniendo en evidencia una discrepancia entre las políticas internas y las prácticas de la institución.
El esquema de seguros incluyó sumas aseguradas significativamente superiores a las lineamientos de austeridad de la propia Fiscalía. Para el fiscal general, estas coberturas alcanzaron hasta 20 millones de pesos, en contraste con las sumas básicas establecidas para otros mandos superiores y funcionarios, que usualmente rondaban los 7 millones. Los seguros permanecen vigentes hasta 2025, beneficiando a cargos como fiscales federales y responsables de unidades de investigación, entre otros.
Además, la póliza cubre riesgos extremos relacionados con actividades de alto peligro, como tauromaquia, alpinismo, deportes acuáticos y deportivos de combate, además de lesiones en el cumplimiento del deber, incluyendo situaciones derivadas del uso de drogas o alcohol en operativos laborales. La protección contempla también servicios médicos en hospitales privados, con cobertura en el extranjero de hasta un millón de pesos, en instalaciones exclusivas en México y en el extranjero.
Este gasto, que se distribuyó en compras a diferentes aseguradoras como Seguros Atlas, Seguros Argos y Agroasemex, refleja un gasto priorizado en beneficios médicos de alta gama en contraste con las políticas públicas de austeridad y control del gasto, generando debates sobre el uso eficiente de los recursos en instituciones públicas. El análisis de licitaciones abiertas evidencia la coordinación en estos desembolsos, que también plantea interrogantes acerca de las prioridades en el manejo del presupuesto de la FGR.
Contextualmente, estos hallazgos forman parte de un escenario más amplio donde la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública adquieren una relevancia fundamental. La existencia de privilegios en beneficios sociales para altos cargos públicos puede minar la percepción de equidad en el uso de fondos públicos y afectar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la justicia y el estado de derecho.