La Fiscalía General de la República confirma que la pesquisa, iniciada en septiembre por presunto cobro indebido de pensión, se realiza sin sesgos políticos.
La Fiscalía General de la República ha declarado que la investigación en marcha contra María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se lleva a cabo bajo los principios de legalidad y sin influencias externas. La pesquisa se inició en septiembre después de que se obtuvieran datos que sugieren posibles irregularidades en el cobro de una pensión tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, exasesor en Petróleos Mexicanos. La autoridad judicial argumenta que las pruebas recabadas indican omisiones relevantes en el proceso de declaración del fallecimiento, para obtener beneficios económicos que no corresponden bajo la normativa de la paraestatal. Esta acción legal ha generado controversia, con voces que la califican como una forma de intimidación política. Sin embargo, la fiscalía reafirma que el procedimiento es autónomo y se basa únicamente en evidencia documentada y testimonial. La independencia del proceso evidencia el compromiso de la institución con la justicia, sin responder a presiones externas.
El contexto político actual muestra una creciente vigilancia legal sobre figuras públicas que participan en movimientos sociales y anticorrupción. La percepción de independencia en la investigación refuerza la importancia del Estado de Derecho en un entorno de alta polarización política y social, donde la transparencia y la legalidad son fundamentales para mantener la confianza pública en las instituciones judiciales.