Aumenta la presencia de este delito que afecta a micro y pequeñas empresas, debilitando la economía y generando migración silenciosa en varias regiones del país.
La extorsión se consolida en 2025 como uno de los mayores obstáculos para el crecimiento económico en México, impactando especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas. En lo que va del año, las autoridades reportan más de 8,500 víctimas, representando un incremento del 5.2% respecto al año previo, y un aumento aún mayor en municipios fronterizos.
Este delito no solo implica la sustracción de recursos económicos, sino que también funciona como un mecanismo de control territorial. Familias, emprendedores y productores agrícolas enfrentan un ambiente donde la presencia de redes ilícitas restringe su libertad de inversión, inhibe la apertura de nuevas actividades y provoca una migración interna que afecta comunidades enteras. La persistencia de la extorsión genera un círculo vicioso de fragmentación social, deterioro institucional y desplazamiento económico.
Previo a este escenario, algunos municipios como Tijuana han logrado avances mediante la colaboración social y la participación comunitaria, demostrando que las acciones coordinadas pueden revertir tendencias criminales. Sin embargo, para consolidar estos logros a nivel nacional, se requiere una estrategia integral que incluya la modernización de las fuerzas policiales, la desarticulación de redes de corrupción y la implementación efectiva de inteligencia financiera. La reciente aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión busca establecer un marco legal homogéneo y fortalecer la respuesta institucional frente a uno de los delitos que más desgastan la economía y la estabilidad social del país.
Como antecedente, es importante reconocer que la extorsión ha evolucionado en territorios donde las instituciones luchan por mantener el control, afectando el clima de inversión y generando una migración silenciosa de familias y empresas que buscan entornos más seguros. La aplicación efectiva de nuevas normativas y la participación activa de la sociedad serán clave para transformar esta problemática en una oportunidad de recuperación y fortalecimiento institucional.