Casos en diversos puntos del país revelan cómo exmandos policiales y militares han sido utilizados por organizaciones criminales, poniendo en duda la integridad de las instituciones. Diversos casos en México evidencian un patrón de involucramiento de exfuncionarios de seguridad pública y militar en actividades delictivas, generando inquietudes sobre la capacidad del Estado para controlar a sus propios cuadros. Desde la administración de la actual administración federal, investigaciones detalladas muestran cómo altos mandos en instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública y la Marina han facilitado operaciones del crimen organizado, en algunos casos, utilizando recursos oficiales para proteger delitos como el huachicol, extorsión, secuestro y tráfico de drogas. Uno de los casos más emblemáticos involucra a Hernán Bermúdez Requena, quien durante su gestión en la Secretaría de Seguridad en Tabasco, habría creado y dirigido una red criminal llamada “La Barredora”. La investigación señala que Bermúdez utilizó el aparato estatal para escoltar cargamentos de combustible robado y proteger operaciones ilícitas. Actualmente, enfrenta cargos por asociación delictuosa, secuestro y extorsión en un penal de máxima seguridad. En el ámbito naval, se detectó que mandos altos, incluyendo vicealmirantes y contralmirantes, estuvieron involucrados en un entramado de contrabando de gasolina que operó desde aduanas controladas por la Marina. Se calcula que estas operaciones ilícitas habrían generado beneficios millonarios y se vincula a las mafias de huachicol más grandes del país. La presunta participación de estos oficiales ha puesto en evidencia las brechas en el control interno de instituciones militares. Asimismo, en el Estado de México surgió un caso relevante con la captura de “El Choko”, un exagente que dirigió una organización dedicada a secuestros, extorsiones y despojo. La estructura tenía conexiones políticas y sociales, incluso con funcionarios públicos, lo que muestr
Miércoles, 13 de mayo de 2026
