El gobierno mantendrá los estímulos en IEPS a gasolinas y diésel durante 24 semanas consecutivas, con ajustes para evitar aumentos en precios internacionales.
El día de hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que formaliza la continuidad de los estímulos fiscales en combustibles por una semana adicional. De esta manera, por vigésimo cuarta semana consecutiva, se mantiene la exención total del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la mayoría de las gasolinas y en el diésel, mientras que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) permanece sin cambios. Desde el 11 de abril, cuando se eliminaron los estímulos fiscales, cada litro de combustible ha sido gravado con la cuota máxima del IEPS, número que se ha reiterado en semanas recientes con una ligera estrategia para disminuir el impacto ante posibles incrementos internacionales del petróleo.
Dentro de los detalles, las tarifas del IEPS para la semana del 20 al 26 de septiembre indican que la gasolina Magna, con menos de 91 octanos, registra un impuesto de 6.4555 pesos por litro, sin estímulo fiscal. La gasolina Premium, con 91 octanos o más, se grava con 5.4513 pesos, también sin beneficios fiscales desde hace meses. En tanto, el diésel continúa con una cuota de 7.0946 pesos por litro, con estímulo cero. Estas cuotas están diseñadas para equilibrar los ingresos fiscales y evitar afectar los costos al consumidor final, que varían según la región debido a costos de producción y logística.
El acuerdo también se enmarca en una estrategia del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum para mantener los precios controlados, especialmente en zonas fronterizas como Ciudad Juárez, donde existen descuentos especiales. La regulación busca aliviar el impacto de las fluctuaciones internacionales en los costos de combustibles, que en semanas recientes han generado atención debido a los ajustes en los estímulos y el precio final en las estaciones de servicio.
El estímulo fiscal en combustibles actúa como un mecanismo del gobierno para reducir la carga tributaria en momentos de alta volatilidad en los precios del petróleo, ayudando a que tanto consumidores como empresas no experimenten incrementos abruptos en sus costos de operación y consumo.