La actual consejera jurídica de la Presidencia tomó el control de la fiscalía tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, en medio de tensiones internas y cambios en el liderazgo.
Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia de la República, asumió oficialmente la dirección de la Fiscalía General de la República (FGR) como encargada del despacho tras presentar su renuncia a su cargo anterior. La designación responde a su rol como titular de la Fiscalía Especializada en Control Competencial, un puesto que le permite cubrir ausencias temporales o definitivas del fiscal general y garantizar la continuidad en la dependencia.
Este cambio en la cabeza de la fiscalía ocurre en medio de un contexto de distensión política y decisiones estratégicas, ya que el proceso para designar al nuevo fiscal general sigue en marcha. La presidenta de México anunció que, mientras el Senado evalúa a los aspirantes, Godoy continuará en funciones, aguardando su posible confirmación definitiva, la cual requiere mayorías calificadas en la Cámara alta.
La dimisión de Gertz Manero, quien estuvo en el cargo desde 2018 y tenía un mandato previsto hasta 2028, se dio en un ambiente marcado por controversias vinculadas a filtraciones de investigaciones sensibles y tensiones internas. Entre los asuntos que generaron polémica se encontraban casos de alto perfil, como investigaciones sobre el crimen organizado y vínculos empresariales de interés público, además de roces con otros poderes del Estado y actores políticos.
El proceso para nombrar a la próxima autoridad máxima en la fiscalía fue aprobado por la mayoría del Senado, que respaldó la renuncia y decretó la convocatoria para la selección del nuevo titular, quien será elegido por las autoridades legislativas a partir de una terna enviada por la Secretaría de Gobernación. Mientras tanto, Ernestina Godoy asume el liderazgo institucional de la fiscalía para evitar vacíos en la operación y seguimiento de casos prioritarios.
Este movimiento reafirma la importancia de contar con una fiscalía autónoma y efectiva en un momento crucial para la seguridad y justicia en México, además de marcar un cambio en el equipo de liderazgo político y judicial del país.