La Administración Federal inicia proceso para designar al nuevo fiscal general, con Ernestina Godoy como encargada provisional, en un contexto de cambios institucionales.
La designación de Ernestina Godoy como fiscal interina de la Fiscalía General de la República (FGR) responde a una disposición legal que establece que, en ausencia del titular, la función es asumida por el responsable de la Fiscalía Especializada de Control Competencial. Esta decisión se produce tras la renuncia de Gertz Manero y marca un paso crucial en la transición hacia una nueva etapa en la instituciones judiciales del país.
Godoy, originaria de la Ciudad de México y abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con una trayectoria que combina experiencia en el sector público y en organizaciones civiles. Ha ocupado cargos relevantes, como procuradora de justicia en la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, y ha sido diputada tanto local como federal. Además, su participación en diversos organismos de la sociedad civil refleja su compromiso con la defensa de los derechos y la democracia.
Recientemente, el Congreso capitalino no ratificó su nombramiento como fiscal de la Ciudad de México, aunque en junio fue elegida como senadora en una fórmula conjunta con Omar García Harfuch. Su integración a la cartera de la nación, en calidad de asesora jurídica de la Jefa de Gobierno, la posiciona como una figura clave para los próximos meses, en tanto se selecciona un titular definitivo para la FGR.
La convocatoria para la selección del nuevo fiscal se abrió el 28 de noviembre, permitiendo a los interesados presentar su documentación ante el Senado hasta el 30 del mismo mes. Los postulantes deben cumplir con requisitos específicos y presentar un ensayo sobre los desafíos delictivos en México. La Junta de Coordinación Política será responsable de validar las solicitudes y reducir la lista a al menos 10 candidatos, quienes pasarán a la consideración del Pleno del Senado, que elegirá al próximo titular mediante votación secreta.
Este proceso, que culminará con la designación del nuevo fiscal por parte del Poder Ejecutivo, busca garantizar transparencia y profesionalismo en una institución vital para la seguridad y justicia del país.