El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta un desafío creciente en el sector del gas LP. Mientras la administración implementa controles de precios, la actividad del huachigas se expande, revelando una situación alarmante en varias regiones del país. Este fenómeno representa un reto considerable dentro de las estrategias de seguridad y energía.
El gas LP ha pasado desapercibido en la narrativa oficial sobre el robo de combustibles, donde la atención se ha centrado principalmente en la gasolina y el diésel. Sin embargo, este combustible es esencial para más del 70% de los hogares en México, convirtiéndose en un blanco atractivo para organizaciones criminales que se benefician de la demanda masiva.
Datos del observatorio IGAVIM indican que Puebla se ha convertido en el epicentro del robo de gas LP, con 426 tomas clandestinas identificadas en 2024. En los primeros seis meses de 2025, ya se reportaron 218 perforaciones, lo que representa más del 40% del total nacional. Las localidades afectadas, como Tepeaca y Quecholac, han establecido rutas claramente definidas para la extracción de este combustible.
Los actores en la industria del gas afirman que el negocio ha evolucionado considerablemente. Operaciones más complejas, que incluyen pipas clonadas y facturas alteradas, han surgido para permitir la distribución ilegal del gas. A pesar de que el precio del gas legal varía entre 18 y 20 pesos por kilo, el gas robado puede ser vendido a precios tan bajos como 7 pesos, lo que desvirtúa la competencia.
Este panorama plantea un dilema serio para la administración actual. Mientras las empresas legales enfrentan regulaciones estrictas y controles de precios, las redes de huachigas continúan operando sin restricciones significativas. Se estima que las pérdidas anuales por robo de gas y competencia desleal alcanzan entre 143 y 300 millones de pesos, afectando no solo a las empresas gaseras sino también a Pemex, que sufre heridas financieras considerables.
Con información de eluniversal.com.mx