La política industrial en México enfrenta retos significativos en su implementación. Según una encuesta realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, solo 15 de 16 estados reportan tener estrategias enfocadas en aumentar el contenido nacional, aunque solo la mitad cuenta con metas y presupuestos claros para su ejecución.
Aunque la adopción del enfoque de política industrial es amplia, muchos estados carecen de instrumentos estructurados y políticas sostenibles. Las estrategias varían y se distribuyen desigualmente; por ejemplo, 14 entidades utilizan ferias y ruedas de negocio para fomentar la conexión entre proveedores locales. Estos esfuerzos se centran en sectores como el automotriz, semiconductores, energía y farmacéutica.
Algunos estados destacan por su progreso y por la magnitud de sus proyectos relacionados con el Plan México. Oaxaca, por ejemplo, avanza mediante el Corredor Interoceánico, que incluye seis Polos de Desarrollo, mientras Veracruz se enfoca en crear polos logísticos, como en Tuxpan. Guanajuato y Querétaro se convierten en modelos al combinar estrategias formales con éxito en atraer inversión.
Para avanzar, es crucial que las entidades refuercen la institucionalización de sus políticas industriales. Deben establecer orientaciones formales que incluyan metas, presupuestos y continuidad que trascienda ciclos políticos. Además, expandir el acceso a financiamiento para pequeñas y medianas empresas a través de herramientas estatales complementarias es fundamental.
Las entidades deben crear sistemas de indicadores para evaluar sus avances y facilitar la toma de decisiones. Estos indicadores deben estar diseñados para ser útiles internamente y, al mismo tiempo, promover la rendición de cuentas hacia la ciudadanía, generando confianza entre inversionistas y la población.
Con información de sanluispotosi.quadratin.com.mx