El gobierno de Estados Unidos ha deportado a México a más de 4,300 ciudadanos cubanos entre enero de 2025 y marzo de 2026. Esta situación ha generado una crisis humanitaria, ya que muchos de estos deportados se encuentran en condiciones de abandono, sin acceso a vivienda ni atención médica, o permisos legales para trabajar.
Estas deportaciones son parte de una política más amplia de expulsiones que afecta a migrantes de diversos países. Dado que el gobierno de La Habana limita los vuelos de repatriación, las autoridades estadounidenses optan por trasladar a los cubanos a México a través de convenios bilaterales, complicando aún más su situación.
Las cifras de la Oficina de Detención y Deportación (ICE) revelan que los cubanos constituyen más del 33% del total de migrantes no mexicanos expulsados a este país. En total, cerca de 13,000 personas han sido enviadas a México, y la mayoría de los deportados son hombres, con un 82%. Además, más del 21% de ellos tiene más de 55 años y muchos contaban con permisos de trabajo en EE. UU.
Al llegar a ciudades como Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco, los deportados enfrentan un limbo legal. Sus únicas opciones son solicitar refugio en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), un proceso que puede extenderse por meses. Sin documentos oficiales, se les impide acceder a empleo, llevando a muchos a la pobreza extrema y, en ocasiones, a vivir en la calle o depender de albergues saturados.
Human Rights Watch ha solicitado al gobierno de EE. UU. que suspenda las deportaciones hacia México sin garantías de seguridad y estatus legal para los deportados. También ha instado a México a proporcionar asistencia humanitaria urgente. Sin embargo, las restricciones actuales en la movilidad en territorio mexicano agravan la vulnerabilidad de estas personas, sin opciones efectivas para regularizar su estatus.
Con información de laverdad.com.mx