Productores agropecuarios alertan que la propuesta de participación en el rescate de la cerealera busca favorecer a ciertos acreedores y limitar sus derechos, generando preocupación en el sector.
En las próximas semanas se definirá el futuro de Vicentin, la principal empresa cerealera de capitales nacionales en Argentina, tras la apertura del proceso de cramdown, que vence el 31 de octubre. Hasta ahora, la única propuesta formalizada ha sido presentada por Mariano Grassi, un corredor de granos con vínculos a un estudio jurídico de Rosario y conexiones con medios locales. La iniciativa ha generado controversia entre los productores, especialmente aquellos que en diciembre de 2019 entregaron granos y no cobraron debido a la declaración de default de la empresa.
Las denuncias indican que el plan de Grassi contempla pagar apenas el 40% del monto adeudado en diez cuotas, desde 2024 hasta 2036, con intereses relativamente bajos. Además, se ofrecen beneficios exclusivos a quienes acepten vender granos a la nueva Vicentin o participar en un fideicomiso, incluyendo pagos dobles de deuda y recortes amplios para quienes no adquieran esas condiciones. Los productores advierten que estas condiciones podrían ser discriminatorias y que suman una capa de extorsión al proceso, pues favorecen a ciertos acreedores en detrimento de otros.
La propuesta también presume contar con el respaldo de grandes agroexportadoras como Cargill, Molinos y Louis Dreyfus, que estarían considerando presentar alternativas. Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre si estas propuestas lograrán equilibrar los intereses de todos los actores y garantizar la recuperación del mercado en un contexto de desconfianza sectorial. La situación pone a prueba la transparencia y equidad en uno de los procesos más relevantes en la historia agroindustrial del país.