Ciudad de México. – Usuarios de gas LP denuncian un presunto fraude sistemático por parte de empresas distribuidoras, quienes al parecer han implementado prácticas abusivas para incrementar sus ganancias. La queja central gira en torno a la supuesta retención de cilindros en mal estado y la negativa a aceptar tanques deteriorados durante las recargas, obligando a los consumidores a realizar cobros adicionales por un supuesto cambio.
De acuerdo con testimonios, las compañías distribuidoras habrían dejado de adquirir cilindros nuevos para reemplazo desde hace más de una década. Ante esta situación, se argumenta que entregan tanques en condiciones deficientes, para luego rechazar su recepción en recargas subsecuentes bajo el pretexto de “fallas provocadas por el usuario”. Posteriormente, y mediante cobros adicionales, ofrecen un cilindro “en mejores condiciones”.
Esta práctica, según los denunciantes, ha evolucionado hacia un sistema donde los cilindros son retirados para ser recargados y devueltos, lo que evidencia, según las quejas, una falta de suficientes tanques propios por parte de las empresas. Se desmiente así la supuesta escasez de gas LP, atribuyendo los problemas a un servicio deficiente y al uso de unidades de reparto obsoletas.
Ante esta problemática, muchos usuarios han optado por llevar sus propios cilindros directamente a las estaciones de servicio para rellenarlos, asegurando que en estos puntos se entregan las cantidades completas, especialmente en las estaciones destinadas a la carga de vehículos.
Un caso particular señala que un cilindro de 30 kilos, que antes duraba un mes, tras ser víctima del presunto abuso, fue reemplazado por uno de 20 kilos. Sorprendentemente, este último ha logrado durar hasta tres meses, lo que refuerza la sospecha de que las empresas “roban al consumidor”.
Los usuarios hacen un llamado directo a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) por su presunta inacción y omisión al no supervisar de manera constante y efectiva las básculas y los sistemas de medición de las empresas gaseras. Se exige una vigilancia real y sanciones ejemplares para erradicar este tipo de abusos, que continúan presentándose bajo el pretexto de “problemas de suministro” inexistentes.