Legisladores acusan al exgobernador de Tamaulipas de participación en delitos relacionados con el robo de combustible y solicitan investigación oficial.
Una nueva denuncia formal fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, por su presunta implicación en delitos relacionados con el huachicol fiscal. La acción fue promovida por los diputados federales Sergio Gutiérrez Luna y Humberto Prieto, acompañados por Lupita Gómez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas.
El grupo legislativo exige una investigación exhaustiva para esclarecer las posibles responsabilidades del exmandatario en el operativo que supuestamente afectó las finanzas estatales y nacionales a través del robo y contrabando de combustible. Además, han hecho un llamado a la nueva titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy, para que actúe frente a las acusaciones.
En paralelo, Morena ha iniciado una #cronica ciudadana, recolectando firmas para impulsar una acción legal que lleve a la rendición de cuentas y, en su opinión, a la posible cárcel de Cabeza de Vaca. Más de 100 mil personas en Tamaulipas han respaldado esta iniciativa, que busca acelerar el proceso judicial y garantizar justicia.
Cabe recordar que Francisco García Cabeza de Vaca enfrenta múltiples cargos, entre ellos delincuencia organizada, peculado, defraudación fiscal y desvío de recursos públicos, principalmente relacionados con conflictos en la Secretaría de Salud de la entidad durante su periodo. Estos señalamientos sitúan al exgobernador en el centro de una investigación federal que revela la magnitud de posibles actos ilícitos en su gestión.
En respuesta, Cabeza de Vaca calificó las acusaciones como una persecución política, acusando a sus detractores de actuar bajo interés de grupos narcogubernamentales. Consideró que estos procedimientos judiciales son parte de una estrategia para desacreditar su figura tras criticar a los gobiernos en turno, en particular a las administraciones de Morena.
Este caso evidencia la polémica que rodea a antiguos mandatarios estatales en México, donde las investigaciones por actividades ilícitas se entrelazan con disputas políticas. La relevancia de este asunto radica en la lucha por transparencia y justicia en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones judiciales y políticas.