La delincuencia organizada manipula costos, favorece el comercio ilegal y genera escasez en diversas regiones del país, afectando la economía familiar.
En diferentes zonas del país, la presencia de grupos delictivos ha condicionado el control y establecimiento de precios en productos básicos y útiles escolares. Esta estrategia ilícita consiste en la manipulación de costes para obtener márgenes de ganancia excesivos y en la distribución clandestina de mercancías robadas, obligando a los comerciantes a vender por encima del valor regular. Por ejemplo, se ha reportado que algunos grupos elevan de manera artificial el costo del arroz, la carne y los frijoles, generando impacto en la economía de las familias y en la disponibilidad de estos productos en ciertas comunidades. Además, los delincuentes ocupan bodegas y, en muchas ocasiones, obligan a los propietarios a pagar un derecho de renta por el uso del espacio, lo que contribuye a la escasez de alimentos en regiones vulnerables. Estos grupos también establecen rutas específicas para la circulación de mercancías, dificultando la circulación legal y provocando desabasto en localidades como Oaxaca, donde recientemente se enfrentaron a la falta de productos básicos. La actividad ilícita no solo afecta la economía local, sino que también interviene en la seguridad alimentaria y en la estabilidad de los mercados, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y combate contra estas prácticas. Con estos controles, el crimen organizado busca consolidar su poder en ámbitos económicos y aumentar su influencia en la actividad comercial.