Regidores exponen la importancia de construir cambios legales en coordinación con comunidades y advierten sobre riesgos en la propuesta actual.
En un pronunciamiento que reafirma la importancia del acceso al agua como un derecho fundamental, representantes municipales señalaron que cualquier modificación en la legislación hídrica debe realizarse en colaboración estrecha con las comunidades afectadas. La iniciativa, actualmente en discusión, ha sido criticada por su carácter unidireccional y por basarse en una aritmética parlamentaria que, según los firmantes, desconoce las necesidades reales de los pobladores rurales y urbanos.
Diversos expertos y líderes socialmente comprometidos coinciden en que las políticas hídricas deben priorizar la protección de los derechos humanos y garantizar el acceso equitativo a este recurso vital. La propuesta en debate incluiría sanciones estrictas y la criminalización de acciones relacionadas con pozos domésticos, lo que podría afectar severamente a las comunidades campesinas e indígenas. Además, se advierte que un aumento en las sanciones y la sobrecarga operativa podría limitar la capacidad de la Comisión Nacional del Agua para atender emergencias y necesidades básicas.
Históricamente, el acceso al agua en zonas rurales ha sido precario, como recordaron los mismos interesados, quienes citan un ejemplo de su infancia en el que un niño cavó un pozo para abastecer a su familia. Tal realidad subraya que el agua debe seguir siendo un bien protegido y garantizado para todos, sin que se convierta en un instrumento de negociación o comercio. Para fortalecer este principio, la comunidad pide que los cambios sean construidos con la participación activa de los ciudadanos, los agricultores y las autoridades locales, garantizando así una gestión más justa y efectiva.
El debate en torno a la reforma continúa abierto, centrando la discusión en cómo equilibrar la eficiencia administrativa con la protección del derecho humano al agua, asegurando que las decisiones sean inclusivas y responsables.