Bogotá, Colombia. – A tres meses de un nuevo gobierno, la crisis de seguridad en Colombia se agudiza, con la expansión de grupos armados y tensiones sobre la política de paz total. María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), enfatiza la necesidad de reorganizar las instituciones encargadas de enfrentar estos desafíos.
Llorente destaca que el deterioro actual es resultado de problemas estructurales en la implementación de políticas de paz. El modelo de negociaciones simultáneas ha carecido de claridad y coordinación efectiva entre las distintas entidades del Estado, lo que ha generado confusión en la respuesta ante grupos armados ilegales.
La FIP critica la “colcha de retazos” en la legislación de orden público, afirmando que las reformas sucesivas han creado ambigüedades. Llorente propone que el próximo gobierno se enfoque en redefinir las reglas y competencias del ejecutivo para lograr un abordaje más coherente y eficaz en la seguridad.
Además, plantea que aunque se intenten múltiples procesos de paz, la capacidad del estado para liderar estas negociaciones es limitada. En algunos casos, las conversaciones han progresado sin la adecuada articulación con los organismos de seguridad y justicia, lo que ha socavado su efectividad.
Finalmente, Llorente sugiere que la intervención debe ser territorial y enfocarse en las 14 zonas críticas del país. La respuesta debe incluir protección a la población civil, control territorial y una comprensión de las economías ilegales que alimentan a los grupos armados. Esta estrategia requiere un enfoque secuencial y priorizado.