En los primeros tres meses de 2026, se reportaron 2,925 casos de extorsión en el país, lo que equivale a un promedio de 32.4 víctimas diarias. A pesar de una ligera disminución del 3.73% en comparación con el año anterior, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advierte que los niveles de este delito son los más altos de las dos últimas décadas, afectando gravemente a individuos y negocios.
Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex, destacó durante una reciente conferencia los riesgos relacionados con las autoridades, quienes, bajo la premisa de hacer cumplir la ley, a veces terminan extorsionando a los empresarios. Este fenómeno se agrava al observar que cerca del 37% de las extorsiones denunciadas a sus socios involucran a autoridades o personas que simulan ser funcionarios. Con la creación de nuevas normativas, la interpretación variable de las leyes es utilizada por algunas autoridades para justificar estas prácticas.
Es alarmante que el 68.8% de las extorsiones reportadas en este período sean telefónicas, muchas de las cuales provienen de centros penitenciarios. A pesar de que la legislación exige la implementación de inhibidores de señal en estos lugares, la situación persiste. La Coparmex hace un llamado para que se apliquen efectivamente las leyes, incluyendo la necesidad de registrar líneas celulares para reducir las comunicaciones ilícitas desde los reclusorios.
Sierra Álvarez también advirtió que las estadísticas oficiales no reflejan la verdadera magnitud del problema, ya que el 97% de las extorsiones no se denuncia. La falta de confianza en las autoridades y el miedo a represalias generan un subregistro significativo de tales delitos. La Coparmex está desarrollando un "Índice de extorsión" para medir y seguir la evolución del problema, abarcando también las cifras ocultas y su impacto en la calidad de vida de las personas.
En cuanto a la geografía del delito, Morelos, Zacatecas, Colima y la Ciudad de México se posicionan como las entidades más afectadas por la extorsión. Expertos como Jorge Peñuñuri y Mylene Cano de la Fuente instan a la homologación de códigos penales para abordar de manera unificada este problema que afecta la seguridad y la economía del país.
Con información de vanguardia.com.mx