Buenos Aires, Argentina. - La Corte Suprema de Argentina revocó un fallo que había suspendido la derogación de la Ley de Tierras Rurales, lo que permite la plena vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, eliminando los límites para la adquisición de campos por extranjeros. Con esta decisión, se reabre el debate sobre quiénes son los grandes propietarios de tierras en el país y sus vínculos con el poder político y judicial.
El tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la medida, pero su fallo posibilita que se retomen las adquisiciones sin restricciones. Desde 2011, la Ley 26.737 había impuesto un límite del 15% para la titularidad extranjera en tierras rurales y restricciones adicionales en áreas clave. La Corte argumentó que la acción presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata carecía de legitimidad suficiente para promover el caso, sin entrar en el fondo de la cuestión.
Las estadísticas son elocuentes. Actualmente, alrededor de 13.3 millones de hectáreas rurales están en manos de extranjeros, lo que representa cerca del 5% de la superficie rural del país. Esta cifra ha aumentado desde 2018, cuando se estimaba que 12.5 millones de hectáreas eran extranjerizadas. Durante el gobierno de Javier Milei, se reportaron 111 certificaciones para la compra de tierras por parte de inversionistas extranjeros desde 2024.
Entre los principales propietarios se encuentra el grupo italiano Benetton, que controla unas 900,000 hectáreas y ha estado en el centro de controversias relacionadas con comunidades indígenas. El caso de Lago Escondido, junto con el empresario británico Joe Lewis, resalta la preocupación sobre las relaciones entre grandes propietarios y el sistema judicial argentino.
La Corte, la cual no discutió la validez de la norma, dejará ahora a expertos y analistas evaluar el impacto de esta decisión sobre la tenencia de tierras y la influencia de capital extranjero en Argentina.
Con información de puntocapitalnoticias.com

