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La Suprema Corte define criterios sobre prisión preventiva y delitos fiscales

La Suprema Corte analizará criterios sobre la prisión preventiva y los alcances de Hacienda en delitos fiscales para fortalecer la seguridad jurídica en México.

Por Redacción1 min de lectura
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La decisión busca establecer parámetros claros en la aplicación de prisión preventiva y en los alcances de la Fiscalía en delitos fiscales, garantizando seguridad jurídica y derechos fundamentales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abordará en próximas sesiones decisiones clave que impactan el sistema penal y fiscal del país. En una de ellas, analizará el uso de la prisión preventiva justificada, con el fin de definir criterios claros y equilibrados que permitan su aplicación en función de la gravedad y circunstancia del delito, procurando salvaguardar los derechos de los imputados y la eficacia en la persecución del delito. Esta revisión se centrará en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula los requisitos para imponer esta medida cautelar, buscando un marco que garantice la seguridad jurídica y un proceso justo. En otro aspecto, los ministros evaluarán los límites de la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para presentar querellas en delitos fiscales, particularmente cuando la información proviene de dictámenes técnicos elaborados por entidades diferentes al Servicio de Administración Tributaria (SAT). La resolución permitirá delimitar con mayor precisión los requisitos y plazos para que Hacienda inicie investigaciones, brindando mayor certeza tanto a contribuyentes como a las autoridades. La decisión será clave para evitar interpretaciones ambiguas que puedan afectar la confianza en la persecución de ilícitos fiscales y fortalecerá el marco jurídico en la materia. Estas determinaciones reafirmarán el compromiso del máximo tribunal del país con la transparencia, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del estado de derecho, en un contexto de creciente interés por garantizar justicia efectiva en delitos penales y fiscales.

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