A pesar de la mayoría que buscaba cancelar la norma, la falta de una mayoría calificada mantiene vigente una ley que limita recursos para víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó la mayoría necesaria para invalidar una reforma legal que afecta directamente el presupuesto destinado a la reparación integral de víctimas. Aunque la mayoría de ministros manifestó que la modificación representaba un retroceso en los derechos de quienes han sufrido delitos graves o violaciones, la ley se mantiene vigente debido a que el requisito constitucional de al menos seis votos no se cumplió, ya que sólo lograron cinco. La reforma elimina el fondo presupuestal fijo, sustituyéndolo por recursos provenientes de la venta de bienes decomisados, lo cual genera incertidumbre y desigualdad en la atención a las víctimas. Históricamente, la Corte ha señalado que esa reforma contraviene principios de progresividad y protección del derecho a la reparación, situación que llevó a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos impusiera un amparo para detener su aplicación. Sin embargo, la ausencia de una declaratoria definitiva deja abierta la posibilidad de que el Congreso pueda corregir la norma en el futuro, aunque sin una obligación judicial que obligue a hacerlo. La consecuencia es una mayor vulnerabilidad para las víctimas, quienes deben acudir a tribunales individuales para buscar protección, enfrentando procesos largos y desgastantes. La decisión refleja las dificultades estructurales del Estado mexicano para establecer mecanismos sólidos y permanentes en la atención y reparación de las víctimas de violencia y derechos humanos.